La Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) envió un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, en el que solicita audiencia para exponer su opinión sobre las implicaciones del proceso de reformas a la Ley de Telecomunicaciones y respecto al derecho a la Libertad de Expresión en El Salvador.
“Al cierre del año recién pasado se dinamizaron acciones políticas en el proceso de reforma, las cuales merecen la atención del Sistema Interamericano, porque se trata del momento oportuno para generar una reforma integral, que haga efectivo el derecho a la Libertad de Expresión en El Salvador”, expone la ReDCo en el documento.
Las radios comunitarias y organizaciones que conforman la ReDCo explicaron a la CIDH que en 2012 y 2014 sus representantes interpusieron dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones ante la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que fueron “resueltas parcialmente” en una sentencia emitida por los constitucionalistas el 29 de julio de 2015.
Como resultado de la sentencia, la Asamblea Legislativa ha iniciado la discusión de las reformas, para las que tienen un nuevo plazo que llega hasta el 30 de marzo.
La ReDCo recordó en el escrito que “En El Salvador, las telecomunicaciones en general y los medios de comunicación audiovisual en particular, únicamente han sido concebidos como un recurso fundamentalmente al servicio de la explotación privada; sin que se reconozca en esencia su carácter público estatal, esa visión privatista se encuentra vigente actualmente en la Ley y en la práctica nacional”.
La CIDH realizará su nuevo período de audiencias del 2 al 15 de abril, por lo que la ReDCo ha solicitado que le brinde la oportunidad de exponer sus argumentos de forma oral, se convoque al Estado salvadoreño para dialogar con las organizaciones y que emita recomendaciones para que sean incorporadas a las reformas.
En diciembre de 2015, el Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, envió un escrito al Estado salvadoreño en el que pidió opinión sobre el proceso de reformas al marco normativo de las comunicaciones, que debían ser enviadas en un plazo de 30 días. Asimismo, se puso a disposición para brindar asistencia técnica al Parlamento de El Salvador.
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