Editorial de ARPAS.
La práctica (des)informativa en ciertos medios tradicionales y
hegemónicos llega a veces a extremos irresponsables que constituyen verdaderas
“lacras periodísticas”.
Hay actualmente, al menos, tres casos emblemáticos que confirman
esta bochornosa situación y que deberían generar fuertes debates sobre la
calidad del periodismo, indignación ciudadana contra la irresponsabilidad
mediática y acciones urgentes para promover la autorregulación ética de la
labor informativa.
El primer caso es el amarillismo y sensacionalismo de los medios
impresos de Altamirano y Dutriz, sobre todo los diarios “Más” y“Mi
Chero”. La semana pasada la Asociación de Psiquiatría criticó
duramente a “Más” y a El Diario de Hoy por el
abordaje anti-ético del fallecimiento de una de sus asociadas, calificándolo de
“amarillista” y de “pretender la viralización de contenidos con fines ajenos a
lo informativo”.
Estos medios impresos -más programas televisivos como “Noticias
4 Visión” de Telecorporación Salvadoreña (TCS) y “Código 21” de
Megavisión apelan al morbo y difunden contenidos que rayan en la apología de la
violencia, violentando principios elementales de la ética periodística, la
cultura de paz y disposiciones de tratados internacionales de derechos humanos.
El segundo caso tiene que ver con la difusión de propaganda
disfrazada de información, desnaturalizando la función periodística y
defraudando al público. El ejemplo más representativo es La Prensa
Gráfica con la cobertura propagandística de actividades de Carlos
Calleja, pre-candidato presidencial de ARENA.
Con tal de imponer al joven empresario como el presidenciable
del partido oligárquico, el periódico -que dice publicar “noticias de
verdad”- no escatima espacio para difundir como hechos periodísticos
los actos propagandísticos del hijo del dueño de uno de sus principales
anunciantes.
Y el tercer caso muestra la violación flagrante de
procedimientos básicos de confirmar información, obligatorios para cualquier
periodista. El Faro -medio digital de muchos premios y fama
internacional- presenta como verdad el testimonio de un pandillero criteriado
por la Fiscalía, que narra supuestos pagos realizados por partidos políticos
durante las elecciones de 2014.
La legislación penal (códigos Penal y Procesal Penal) obliga a
la Fiscalía a verificar las declaraciones de testigos criteriados y permite a
los jueves desecharlas cuando éstas puedan estar falseadas. Pero esto no
importó al medio digital en cuestión, que esta semana tituló “Relato de
un fraude electoral, narrado por un pandillero”.
Estos casos -y otros que violentan la ética periodística, el
profesionalismo de la labor informativa y la responsabilidad mediática en la
difusión de contenidos- deberían propiciar un debate serio entre periodistas,
medios, públicos y academia. El país necesita un periodismo decente y medios
responsables que apuesten por la verdad, la cultura de paz y el bien común.

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