Uno de los temas más polémicos actualmente para críticos y adeptos del gobierno es el “Régimen de excepción”. El actual mandatario, Nayib Bukele, ha presentado la iniciativa como una respuesta radical al alza de homicidios recientes atribuidos a las pandillas. Existe una miscelánea de comentarios encontrados, en su mayoría sesgados por el fanatismo político. Por una parte, existen quienes consideran irrefutablemente que la aprobación de este mecanismo jurídico estatal, que restringe algunos derechos y garantías fundamentales, es un recurso necesario e indispensable para atacar frontalmente el fenómeno social delincuencial que por varios años ha puesto en jaque la seguridad física y económica de la ciudadanía; mientras otros defienden que la adopción de esta medida extrema constituye una amenaza, pues ha permitido que se abra la puerta a muchas violaciones de los derechos humanos de personas que no pertenecen a los grupos delictivos perseguidos. Una breve mirada retrospectiva hace comprender con más claridad cada una de las posturas planteadas anteriormente. No debe olvidarse que, desde que las pandillas comenzaron a gestarse y expandirse en el territorio nacional, la sociedad civil se fue sumergiendo paulatinamente en un ambiente sombrío, tenebroso y mortal. La agenda popular de estos grupos delictivos ha incluido extorsión, contrabando de armas, robos y asesinatos crueles de muchos inocentes, por encargos. Una de las masacres más grandes, cometidas por las pandillas en El Salvador, tuvo lugar el 20 de junio de 2010 en Mejicanos. En esa ocasión murieron 17 personas que se transportaban en un microbús que fue quemado; algunos pasajeros murieron mientras intentaban escapar de las llamas. Ese acto de crueldad causó verdadera conmoción en la población. Esta masacre y muchas otras comenzaron a sembrar en el corazón de muchos ciudadanos sentimientos de impotencia, odio y resignación. Como consecuencia, según los comentarios que se leen en las redes sociales, cuando se da la noticia del asesinato de un pandillero es motivo de regocijo colectivo de muchos que seguramente, directa o indirectamente, se han visto afectados por ellos. En un segundo momento se encuentran las personas que consideran que el régimen de excepción es la máxima expresión de la violación de los derechos fundamentales de los salvadoreños en pleno siglo XXI. Se debe tener en cuenta que en El Salvador se ratificaron los derechos humanos después del conflicto armado. Aquí deben acotarse dos tendencias que convergen con razones divergentes: los que argumentan eso para defender intereses mezquinos particulares y los que lo hacen porque han observado actos arbitrarios de parte de las autoridades civiles para con personas que son presuntamente inocentes. En otras palabras, el escudo de los derechos humanos es utilizado por muchas personas que, en efecto, pertenecen a estos grupos delictivos, y que, en virtud de las circunstancias han recurrido a esconderse donde sus posibilidades se los permita; y también es reclamado con total razón por quienes son víctimas de las disposiciones arbitrarias de la autoridad local, es decir, quienes son inocentes y han sido aprisionados por mentiras o envidias. En suma, a la luz del panorama actual, continúan alzando la voz los defensores de las diferentes posturas. Unos exigen el cese del Régimen de Excepción, mientras otros piden una especie de prórroga indefinida. Cada uno responde a su experiencia. ¿Y tú, querido lector, qué opinas sobre este tema?

viernes, 20 de mayo de 2022